Promoción de viviendas asequibles

Las familias trabajadoras lo hicieron todo bien, pero el sistema cambió las reglas del juego. Las grandes empresas de inversión están comprando viviendas de primera mano y volviéndolas a alquilar a precios más elevados. Las normas de urbanismo y de concesión de licencias hacen que sea ilegal construir viviendas en los lugares donde la gente realmente vive y trabaja. Los constructores, especialmente los pequeños y locales, no pueden acceder a financiación en las comunidades que más necesitan viviendas. Las viviendas para rentas bajas y moderadas han desaparecido, lo que obliga a las familias a permanecer más tiempo en las viviendas de primera adquisición y endurece todo el mercado. Cuando la oferta se ve restringida artificialmente, los alquileres suben, perjudicando a los inquilinos y presionando al mismo tiempo a los pequeños propietarios. Esto no es el libre mercado, sino más bien un mercado amañado basado en la escasez. Debemos poner fin a la especulación de Wall Street, legalizar las viviendas que realmente necesitamos, convertir los edificios vacíos en hogares, desbloquear la financiación y los créditos fiscales para los constructores en las comunidades desatendidas, y poner en marcha los terrenos federales y las propiedades en dificultades, todo ello para ofrecer más viviendas a las familias trabajadoras y menos a los fondos de cobertura.

Limitar la propiedad institucional a gran escala de viviendas unifamiliares mediante límites máximos a las carteras o una fiscalidad progresiva. Tomar medidas enérgicas contra las compras masivas que excluyen a quienes compran su primera vivienda. Aumentar la transparencia sobre quién posee viviendas a gran escala y aplicar las leyes antimonopolio cuando los mercados quedan en manos de unos pocos actores poderosos. Ampliar los fideicomisos de suelo comunitarios para que las viviendas sigan siendo asequibles de forma permanente, separar el coste del suelo del coste de la vivienda para frenar la especulación, y apoyar otros modelos de propiedad compartida que permitan a las familias trabajadoras acumular un patrimonio modesto sin condenarlas a un alquiler permanente.

Reformar la normativa urbanística para permitir la construcción de viviendas multifamiliares, viviendas de gama media, viviendas para jóvenes que compran su primera vivienda y viviendas para trabajadores. Agilizar los trámites de concesión de licencias y las evaluaciones medioambientales sin rebajar los estándares. Establecer autorizaciones automáticas cerca de las redes de transporte público, los centros de empleo y los centros urbanos. Eliminar los trámites redundantes que retrasan los proyectos durante años sin aportar ningún valor añadido.

Facilitar la conversión de oficinas, almacenes, centros comerciales y edificios comerciales desocupados en viviendas. Actualizar las normativas obsoletas que impiden la reutilización adaptativa. Agilizar los trámites de aprobación para las conversiones en las que ya existe infraestructura. Dar prioridad a las viviendas para trabajadores y para personas con ingresos moderados.

Ampliar las garantías de préstamos federales para pequeños y medianos constructores, así como para promotores inmobiliarios pertenecientes a minorías y de base comunitaria. Aumentar el acceso a la financiación para la construcción y la adquisición de viviendas en zonas con escaso acceso a servicios económicos. Modernizar la financiación federal de la vivienda para apoyar la construcción de viviendas para personas con ingresos bajos y moderados. Ampliar la oferta de hipotecas asequibles para quienes compran su primera vivienda y para los compradores de comunidades desfavorecidas. Ampliar y modernizar los créditos fiscales para la vivienda destinada a personas con ingresos bajos y moderados, promociones de ingresos mixtos, viviendas para jóvenes compradores y viviendas para trabajadores, con incentivos vinculados a criterios de asequibilidad, producción y plazos, así como a una auditoría rigurosa.

Utilizar terrenos federales y propiedades en dificultades como plataforma de lanzamiento para la construcción de viviendas. Crear un programa de agrupación de terrenos que resuelva los problemas relacionados con la titularidad y el medio ambiente, agrupe los solares y licite los proyectos a constructoras privadas y sin ánimo de lucro. Destinar fondos federales a reducir el riesgo de los proyectos y renovar las propiedades deterioradas. Dar prioridad a las viviendas para personas con ingresos bajos y moderados, con criterios claros de asequibilidad.