Defensa de los derechos de las personas con discapacidad

Más de 1,4 millones de habitantes de Nueva Jersey viven con una discapacidad, lo que supone casi el 15 % de la población del estado, y la discapacidad no es una cuestión marginal. Afecta a la asistencia sanitaria, la vivienda, la educación, el transporte, el empleo, la seguridad pública y la asequibilidad, y cualquiera puede sufrir una discapacidad en cualquier momento. Desde enero de 2025, la administración Trump ha puesto en marcha el recorte más drástico de las ayudas a la discapacidad en una generación: cientos de miles de millones de dólares en recortes previstos en Medicaid, profundas reducciones de personal en la Seguridad Social, el vaciamiento de la supervisión federal de la educación especial, la derogación de las directrices de larga data de la ADA y la merma de la capacidad de las agencias de las que dependen los estadounidenses con discapacidad. El distrito NJ-07 merece un representante federal que ya sepa lo que significan las siglas y que esté presente cuando se celebren las votaciones.

Para la comunidad de personas con discapacidad, Medicaid es la fuente de financiación que sustenta los servicios en el hogar y en la comunidad, la asistencia para el cuidado personal, el empleo con apoyo y a los profesionales de apoyo directo que hacen posible la vida independiente. La Ley «One Big Beautiful Bill», promulgada en julio de 2025, incluye los mayores recortes a Medicaid en la historia del programa, con reducciones previstas de cientos de miles de millones de dólares durante la próxima década. Dado que los HCBS son técnicamente opcionales en el marco de Medicaid, son lo primero que recortan los estados cuando desaparecen los fondos federales. Brian votará en contra de los requisitos laborales de Medicaid y de cualquier recorte adicional a los HCBS, copatrocinará legislación para convertir los HCBS en una prestación obligatoria de Medicaid, se opondrá a las subvenciones en bloque y a los límites per cápita, y ampliará las exenciones de los HCBS para que las familias no tengan que esperar años para recibir los servicios que necesitan con urgencia.

En estos momentos hay aproximadamente un millón de solicitudes de prestaciones por discapacidad pendientes; la espera media para obtener una resolución inicial supera los 230 días, y en los últimos años han fallecido decenas de miles de personas mientras esperaban una resolución. Los recortes de Trump han privado a la Administración de la Seguridad Social de aproximadamente el 12 % de su plantilla, se está planeando el cierre de oficinas locales y se está obligando a los solicitantes con discapacidad, a las personas mayores y a quienes tienen bajos ingresos a utilizar sistemas exclusivamente digitales con los que no saben desenvolverse. Esto es un abandono. Brian luchará para restablecer la plantilla de la SSA, mantener abiertas las oficinas locales, especialmente en las zonas rurales del distrito NJ-07, reducir urgentemente el retraso en las solicitudes de discapacidad y oponerse a cualquier intento de utilizar la edad, la puntuación algorítmica o los sistemas automatizados para denegar prestaciones a las personas que cumplen los requisitos.

Más de 7 millones de niños dependen de los servicios de educación especial previstos en la Ley de Educación para Personas con Discapacidades (IDEA). La Oficina de Programas de Educación Especial, que supervisa aproximadamente 15 000 millones de dólares en subvenciones anuales destinadas a las escuelas, se ha quedado con una plantilla mínima, y la Administración de Servicios de Rehabilitación ha sido desmantelada. El Proyecto 2025 propone convertir la IDEA en una subvención global sin condiciones que permitiría a los estados destinar los fondos como mejor les parezca. Gerald Ford firmó la primera versión de la IDEA. George H. W. Bush firmó la ADA. Estas protecciones se construyeron sobre una base bipartidista, y defenderlas es un acto patriótico. Brian votará en contra de cualquier subvención en bloque de la IDEA, luchará para financiar íntegramente la IDEA al nivel del 40 % que el Congreso prometió pero nunca ha cumplido, restablecerá la Oficina de Programas de Educación Especial a su plena capacidad y protegerá la formación del profesorado y las subvenciones para la educación inclusiva.

La Ley de Estadounidenses con Discapacidades (ADA) sigue siendo la ley vigente, pero su aplicación efectiva depende de unas directrices claras, una dotación de personal adecuada y voluntad política, y estos tres elementos se están viendo debilitados. En 2025, el Departamento de Justicia derogó documentos de orientación de la ADA que llevaban mucho tiempo en vigor, la División de Derechos Civiles y la Oficina de Derechos Civiles del Departamento de Educación sufrieron recortes drásticos de personal, y altos cargos se refirieron públicamente a quienes dependen de los programas federales como la «clase parásita». Brian exigirá el restablecimiento de las directrices de la ADA derogadas, copatrocinará una legislación para actualizar la ADA a la era digital, incluyendo la accesibilidad web y las protecciones contra la discriminación impulsada por la IA, exigirá a las agencias federales que realicen evaluaciones de impacto sobre la discapacidad antes de cambios políticos importantes, y creará protecciones federales para los denunciantes del personal de hogares colectivos que informen de abusos y negligencias.

La Administración para la Vida en la Comunidad, la principal agencia del Gobierno federal dedicada a las personas con discapacidad, perdió aproximadamente la mitad de su personal en 2025, lo que puso en peligro los servicios de vida independiente, la investigación sobre discapacidad y el Programa del Defensor del Pueblo para la Atención a Largo Plazo. Detrás de cada programa para personas con discapacidad hay un cuidador familiar que ha estado sosteniendo todo el sistema a sus espaldas. Brian luchará para restablecer la Administración para la Vida Comunitaria como una agencia independiente con plantilla completa, ampliar los cuidados de respiro, crear desgravaciones fiscales federales para los cuidadores familiares, establecer permisos familiares remunerados que incluyan el cuidado de familiares adultos con discapacidad y proporcionar créditos de la Seguridad Social a los cuidadores principales. Los autogestores, las familias y las organizaciones dirigidas por personas con discapacidad de todo el distrito NJ-07 tendrán un lugar permanente en la mesa, no como mero adorno, sino como las personas que marcan la agenda.